Aún no se han borrado de nuestra retina las imágenes de cientos de miles de pasajeros atrapados en los aeropuertos por la huelga de los controladores aéreos en el puente de la Constitución. Los medios de comunicación nos dieron las imágenes de la impotencia, de la derrota, de quienes no pudieron reunirse con sus familiares, asistir a la boda de un familiar, al entierro de un ser querido o, simplemente, no pudieron disfrutar de unos días de descanso que aguardaban desde hacía tiempo.
Fue una huelga salvaje, donde unos miles de trabajadores se impusieron a todo un país, y muchos ciudadanos esperábamos que después de sus gravísimas consecuencias, el país quedaría inmunizado durante una buena temporada contra este tipo de actuaciones. No ha sido así. Ahora no será una huelga salvaje, si no planificada y ajustada a derecho, pero igual de letal para las personas que pretendan desplazarse para disfrutar del puente de Semana Santa o de sus vacaciones anuales, que ya no volverán a tener hasta dentro de un año.
Nuevamente unos miles de trabajadores públicos, están dispuestos a ejercer su derecho de huelga, en defensa de sus derechos laborales, aún cuando sea en detrimento de todo el país. No lo dudo que será legal, pero ¿es equiparable al beneficio que esperan obtener con el perjuicio que causan a los propios trabajadores, al sector turístico, a las agencias de viaje, a la economía del país y a la marca España? ¿Se dan cuenta que si por su actitud el turismo cambia de destino provocarán más despidos de trabajadores del sector? ¿Los sindicatos convocantes se dan cuenta de que los más perjudicados por esta huelga serán los trabajadores que no podrán cambiar la fecha de sus vacaciones? ¿Han cuantificado el daño que causan a España como destino turístico?
Además, las fechas de la huelga han sido cuidadosamente escogidas para causar el máximo de molestias a los ciudadanos y las mayores pérdidas a la maltrecha economía española. Aunque después se desconvoque, el mal ya está hecho. Adios a las expectativas de unos cuantos miles de puesto de trabajo que se esperaba creara el sector turítico para Semana Santa y vacaciones. Repito, podrá ser legal, pero no es justo que cualquier grupo pueda chantajear a todo un país en función de que su trabajo resulte imprescindible para la comunidad. Si aceptamos esta situación como justa, la cadena de chantajes puede ser interminable. Ante la irresponsabilidad sindical urge encontrar un equilibrio entre los derechos de los huelguistas y las víctimas inocentes de los mismos.
Pilar Cardeña Cruz
